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Informe de la Sociedad Civil de Argentina ante la Comisión de Expertas para el Mecanismo de Seguimiento de la Convencion de Belen do Para PDF Imprimir E-mail

 

I. Legislación. Normativa vigente. Planes Nacionales

1 Argentina es un país Federal, organización política estatal que trae aparejada una consecuencia fundamental en el dictado de las leyes: hay normas que dicta el Congreso de la Nación para todo el país y otras que se reservan para ser dictadas por las Provincias. En este último caso se encuentran las relativas al fenómeno de la Violencia.

El Congreso dictó una Ley marco 24417, contra la Violencia familiar, pero en definitiva son las provincias adhiriéndose a esta o dictando otra las que determinan norma aplicable.

Desde hace mas de un año en la Comisión Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Cámara de Diputados se está estudiando una nueva ley marco, mientras casi todas las Provincias han sancionado leyes locales, que dan un tratamiento diferente a la misma problemática, ocasionando desparejos resultados Por ejemplo, sólo en las Provincias de San Juan y Buenos Aires existen sanciones para los funcionarios públicos que no cumplen con la aplicación de la ley de violencia, o prevén programas de tratamiento para agresores como en Río Negro, San Juan, Santa Fe, Jujuy, entre otras.

En la Argentina no hay por tanto una legislación integral acerca de la violencia contra las mujeres, que traduzca al plano nacional los compromisos contraídos por el Estado al ratificar la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Convención de Belém do Pará, en lo sucesivo). Tampoco existe ninguna norma jurídica que sancione la violencia sexual dentro del matrimonio de manera expresa, lo cual coadyuva a la impunidad de este tipo de situaciones. Además, en la práctica la aplicación de las Leyes de Violencia Familiar resulta insuficiente para prevenir, sancionar y reparar los casos de violencia contra las mujeres

Asimismo, carecemos en Argentina de una política pública consolidada en la temática, así no existe un plan de acción o una estrategia nacional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género contra las mujeres. Tampoco se dispone de información estadística adecuada para medir la magnitud del fenómeno, analizar profundamente sus causas y consecuencias y adoptar medidas en su consecuencia.

Los seguimientos de las Convenciones Internacionales sobre derechos humanos y la aplicación de cualquier Plan en la materia que se instrumente debe ser realizadas y/o controladas por el Consejo Nacional de la Mujer, pero este organismo tiene un Presupuesto insuficiente, (en 2006 ejecuto 1.000.000 de dólares, entre aportes nacionales e internacionales) que hace irrealizable su labor. Además con el correr del tiempo ha sido desjerarquizado, transformándolo en un cuerpo sin poder de decisión. Al respecto conviene destacar que, en sus últimas Observaciones Finales sobre Argentina (2004), una de las recomendaciones del Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, en adelante) fue precisamente la del fortalecimiento sustantivo de dicho organismo

Salvo un pequeño grupo de legisladoras y asesoras, en general no hay formación e información en temas de género en los Parlamentos, nacional y provinciales, lo que incide en la falta de valoración del impacto de género al momento de dictar leyes. Esporádicamente, se realizan seminarios y actividades, con escasa concurrencia por parte de legisladores y legisladoras. No hay comisiones legislativas especializadas en temas de género, estos temas se tratan en la Cámara de Diputados de la Nación en la Comisión Familia Mujer Niñez y Adolescencia y en la Cámara de Senadores no existe nada específico.

Todas las Provincias tienen comisiones sobre Mujer y familia. Esta nomenclatura ya dice mucho del apego generalizado a dar un tratamiento unitario a las problemáticas que afectan a las mujeres y las que afectan a las familias, que si bien coinciden en muchas, lo cierto es que son realidades que merecen un análisis separado para no invisibilizar fenómenos de desigualdad de género ajenos a las estructuras familiares, como sucede con frecuencia.

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LA PENALIZACIÓN DEL ABORTO COMO ACTO DE VIOLENCIA HACIA LA MUJER

PUNTO I. Legislación. Normativa vigente. Planes Nacionales

 

1. NORMAS PENALES

El aborto se encuentra incluido en el código Penal Argentino en el título DELITOS CONTRA LA VIDA. (Libro Segundo, Título I, Capítulo I) en los arts. 85 a 88. El articulo 86º establece dos excepciones a la pena: evitar un peligro para la vida o la salud de la “madre” que no puede ser evitado por otros medios; y cuando el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. Siempre, practicado por médico diplomado (art 86, inc 1 y 2 respectivamente).

El movimiento de mujeres, y sectores de profesionales, funcionarios y académicos han solicitado reiteradamente la modificación de esta legislación que existe desde 1921, ya que se considera que se basa en prácticas jurídicas o consuetudinarias que perpetúan formas de violencia contra la mujer. La Campaña Nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito ha elaborado un proyecto de ley , el cual ha sido presentado ante la mesa de entrada y ante legisladores de ambas Cámaras del Congreso de la Nación el 28 de mayo. Sin embargo, ningún legislador hasta el momento ha tomado el proyecto para concretar su presentación efectiva; y salvo contadas excepciones, el ejecutivo y el poder judicial han ignorado este tema.

Las cifras oficiales hablan de una estimación de 500.000 a 750.000 abortos por año, la mayoría de ellos realizado en el circuito clandestino. El aborto es en Argentina la primera causa de muerte materna y una de las primeras causas de ocupación de camas hospitalarias en los servicios de obstetricia. En un momento en que se ha comenzado la implementación Las violaciones a los derechos humanos de las mujeres que solicitaron la realización de un aborto en los casos en que este es legal se multiplicaron en estos últimos años. Incluso fueron sometidas a procesos judiciales interminables, incluidos interrogatorios reiterados y diversas formas de maltrato: 1) niñas y jóvenes con discapacidad mental violadas como: en la ciudad de Corrientes una niña de 15 años, con una edad madurativa de 7; en Mendoza una joven de 25 años de edad que padece una grave afección en su salud caracterizado por convulsiones intratables, frecuentes y retraso mental, o en Mar del Plata una niña de 14 años, por citar algunos; 2) mujeres embarazadas que de continuar su embarazo corría riesgo su salud o su vida: como la señora con enfermedad cardiaca grave de Lanas o el más dramático de Ana María Acevedo quien falleció a consecuencia de la discriminación y la violencia ejercida por las instituciones de salud de la Provincia de Santa Fe que le negaron el acceso al aborto terapéutico cuando se le detectó un cáncer en maxilar (la crónica se adjunta al presente documento).

Hay que tener en cuenta la fuerte presión que ejerce la iglesia católica sobre este tema, lo cual constituye un condicionante difícil de superar en los ámbitos políticos. Baste como ejemplo las acusaciones y las diatrivas sufridas pro el Ministro de Salud de la Nación a causa de su defensa de la salud reproductiva

 

PUNTO II. Acceso a la justicia

Los casos encuadrados en las dos excepciones a la pena (art 86 C Penal, inc 1 y 2) siendo legales, tropiezan con serios obstáculos para su implementación en los servicios de salud estatales, y en muchos casos terminan en el mismo circuito clandestino que el resto de los abortos voluntarios, como por ejemplo ocurrió en el caso LMR de Guernica y otros casos cuyos antecedentes podemos acercar al Comité.

En efecto, según esta norma los médicos no deben pedir autorización judicial y deben proceder a realizar el aborto sin más trámite En lugar de ello, se solicita autorización a la justicia y se desencadenan maniobras dilatorias que traspasan el límite temporal en el que el aborto es posible.

Estas maniobras incluyen: solicitar autorización judicial, la intervención del representante del nonato, el juez de menores e incapaces, la objeción de conciencia de los profesionales y la intención de los comités de bioética de distintos hospitales que generalmente emiten recomendaciones en contra de la realización del aborto o que son vagas y confusas. Todo esto a pesar de estar contemplados en el mencionado artículo del Código Penal que no pune estas intervenciones.

Se han conocido a través de la prensa muchos casos de este tipo en el país, lo que indica que en la realidad existirán miles. Y a pesar de que en los últimos años se han implementado algunas medidas por parte del estado nacional de algunas circunscripciones de Argentina (Compromiso para la disminución de la Mortalidad Materna, protocolo para la atención de los abortos no punibles, fallos de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, etc.), en la realidad se sigue victimizando a las mujeres que portan embarazos no planeados por diversas razones, producto de violaciones y/o que comprometen su salud y vida. El acceso a la justicia en estos casos, sobre todo por parte de mujeres de sectores pobres o de baja instrucción, es prácticamente inexistente.

Debemos señalar que son estas mujeres las que se ven más afectadas, porque las que tienen medios pueden pagar un procedimiento seguro en privado. Finalmente, deseamos remarcar que la atención de abortos en curso (que generalmente llegan a los centros de salud con patologías de gravedad media a alta) es problemática. En ocasiones se las atiende sin anestesia, tal como se ha demostrado en numerosas investigaciones (cf. “con todo al aire”, insgenar, rosario 2005). También suelen ser maltratadas con interrogatorios policíacos acerca de qué “se han hecho”, cuando la normativa nacional (incluido el protocolo sobre el tema que ha emitido el Ministerio de Salud de la Nación) indica que debe darse prioridad a una atención médica de calidad, adecuada y cuidadosa.

 

TRATA DE PERSONAS

Como sabemos en nuestro país el delito de Trata afecta en un 90 % a mujeres, niñas y niños, representados en mitades en cuanto a mayoría y minoría de edad, sometidos a prostitución. Este delito que se presenta bajo la forma tanto de trata interna como internacional, se sustenta en la

naturalización” de la sociedad y en la discriminación por género, edad y condición social.

Entre las falencias del Estado mencionaremos no poseer un registro que documente fehacientemente la identidad de las/os connacionales que se hallan en ésta situación, a pesar de las innumerables denuncias de desapariciones de jóvenes y niñas/os que se recogen en juzgados y comisarías de todo el territorio, sumado a la inacción de ambos (fuerzas de seguridad y justicia) para darle curso a las mismas.

Además este delito se comete también contra ciudadanas/os procedentes de otros países que son víctimas también de trata internacional, sin que exista información estadística suficiente para evaluar el fenómeno y el origen de las personas víctimas de trata.

Al no adoptar las medidas necesarias para prevenir, erradicar y sancionar el fenómeno de la trata de personas, Argentina está incumpliendo los compromisos internacionales asumidos a través de la ratificación de los siguientes tratados

* Convención para la Represión de la Trata de Personas y Explotación de la Prostitución Ajena de 1949 adoptada desde 1957, que además de reprimir la concertación ó la explotación de prostitución de un tercero, prohíbe el sostenimiento de casas de lenocinio y cualquier tipo de reglamentación de la prostitución ( a pesar de esto en La Rioja y otras legislaturas provinciales avanzan proyectos en favor de la reglamentación).

* Convención sobre la esclavitud de 1926, art.1

* Convención complementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas de 1956

* Convención contra el crimen transnacional organizado y sus protocolos:

* Contra la trata de personas, especialmente mujeres y niñas, más el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes.

* Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación hacia la mujer, CEDAW: art 6º.

* Convención de los derechos del niño: art 34. inc. B

* Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 6º. Inc.1 * Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer

 

No se ha promulgado aún la legislación nacional que tipifique este delito y permita su persecución y penalización. Este vació jurídico ha producido la obstaculización del acceso a la justicia en casos conocidos merced a su difusión a través de la prensa, como por ejemplo:

Durante el año 2006, Romina Gamarra y María Cristina Ojeda, jóvenes de 18 y 21 años, de la provincia de Santa Fe, fueron secuestradas para su explotación en Santiago del Estero, logrando escaparse y denunciar los hechos en la justicia. Luego de amenazas y acciones de amedrentamiento hacia miembros de sus familias, retiraron sus denuncias produciéndose rápidamente el cierre y archivo de la causa sin profundizar la investigación acerca de los datos presentados con domicilio de los lugares por donde fueron trasladadas y explotadas sexualmente, más la información brindada en referencia a la presencia de otras jóvenes en situación de privación de libertad y sometimiento a prostitución.

Como estos son innumerables los casos denunciados ( Marita Verón, Fernanda Aguirre, Florencia Penacci, “Peli” Mercado, Andrea López, etc.) de desapariciones sin producirse avances acerca del destino de las víctimas. Subsiste un fuerte manto de impunidad por parte de las fuerzas encargadas de la represión del delito, generalmente acusadas de connivencia y coima cuando logra salir a la luz esporádicamente algún caso de esta índole "La trata para prostitución es una forma extrema de violencia contra las mujeres"

 

LEGISLACIÓN

En la Provincia de Buenos Aires contamos con la Ley de Violencia Familiar 12569, sancionada en el ano 2000 y su Decreto Reglamentario N 2785 del ano 2006. Dicha Ley se reglamento 5 años después de entrar en vigencia, lo que hizo muy difícil su aplicación.

La primera cuestión es en referencia al nombre “Ley de violencia familiar”, nos indica claramente que el bien jurídico a proteger es la “familia”, cuando el 80 % de las denuncias son de mujeres que han sufrido violencia.

Esto no es un tema menor ya que en el ámbito de la Justicia con el fin de preservar a la familia como lugar donde se deposita lo “afectivo”, muchas veces se termina desconociendo que esa familia puede ser uno de los lugares donde se violan los Derechos Humanos.

Esto es así ya que no se capacita a las y los operadores de la Justicia con perspectiva de género y de derechos humanos.

La Ley establece claramente obligaciones del Poder Ejecutivo que no se cumplen en su mayoría, por ej. respecto a los recursos que debe destinar para capacitación a docentes, empleados de la justicia, policía etc., para prevención y asistencia. La falta de recursos para Políticas Publicas desde el Ejecutivo pone al Poder Judicial en situaciones de difícil resolución, dado que no hay refugios, no hay planes sociales especiales para mujeres que sufren violencia, teniendo en cuenta el grado de vulnerabilidad en que se encuentran, y por ende no hay ningún tipo de seguimiento.

Losl Colegios de Abogados sólo reciben casos de personas que no sean propietarias de nada, y hoy ha cambiado la situación socioeconómica de población de argentina hace que mucha s veces sean propietarios de una vivienda pero tengan los servicios básicos cortados por falta de pago.

 

 

VIOLENCIA LABORAL

Dentro de la Sanción de leyes no hemos logrado en la República Argentina la Sanción de la Violencia Laboral en el orden Nacional.

- Desde el año 2001 se han presentado proyectos de ley sobre la Violencia Laboral, hasta el presente no se ha obtenido respuesta positiva.

- Dentro de este proyecto existe la sanción del acoso sexual y las diversas manifestaciones de violencia hacia las trabajadoras en el ámbito laboral. Únicamente en algunas provincias han sancionado (Tucumán, Santa Fe, Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires), y en otras han sido vetadas (Chubut, Mendoza, Jujuy y Misiones).

 

JUSTICIA

El acceso de las mujeres a la justicia ,y la plena vigencia de los derechos humanos se ha visto afectada por un fallo reciente de la Justicia Criminal y Correccional de la Capital Federal, que significa un retroceso que no podemos pasar por alto.-

En efecto, desde el año 1966, se aplicaba el fallo Plenario “Natividad Frías”, de vigencia en todos los tribunales Penales de la Capital Federal.-

El Plenario referido estableció que no podía instruirse una causa penal contra una mujer que causare su propio aborto, o aceptado que un tercero se lo cause.- El fundamento para la no incriminación de las mujeres que abortan, era la garantía constitucional que nadie está obligado a declarar contra si mismo/a, y que la asistencia médica a la que recurría era imprescindible para salvaguardar su vida y su salud, por lo que tampoco podía usarse como medio de imputación de un delito. El médico, a su vez , estaba obligado a guardar el secreto profesional ya que la violación del mismo constituía y constituye un delito.-

Este criterio se aplicó durante 41 años y significó un avance de los derechos de las mujeres, logrado en el ámbito judicial, ya que los repetidos intentos para cambiar la legislación chocaron con resistencias, que impidieron materializar la vigencia del derecho de las mujeres a abortar, casi universalmente incorporado a la legislación en los últimos años. Es importante destacar que, luego de la reforma Constitucional de 1994,la jurisprudencia en la materia no se modificó, el criterio amplio de vigencia de los derechos humanos se mantuvo y se fortaleció y, por lo tanto, se siguió aplicando el plenario Natividad Frías.-

El nuevo fallo de la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional afecta gravemente el acceso a la justicia y los derechos humanos de las mujeres. Considera que, si la mujer abortó, cometió un hecho voluntario, ajeno al estado de necesidad, por lo que si corre el riesgo de morir por falta de atención médica por no concurrir a un hospital, lo considera una decisión íntima por la que dispone de su vida. Con este fallo se obliga a la mujer a someterse a un juicio penal por aborto o quedar gravemente afectada en su salud e incluso a morir, lo cual va en contra del principio más elemental de justicia.

Esta decisión afecta especialmente a las mujeres sin recursos suficientes, que se atienden en los hospitales públicos y por lo tanto es discriminatoria de las mujeres más carecientes y llama la atención porque restringe una garantía tan fundamental como la de no declarar contra sí mismo consagrada por nuestra Constitución y los tratados internacionales que forman parte de la misma y entra en contradicción con el reconocimiento y respeto del cumplimiento de los derechos humanos en general, respecto de los cuales nuestro país y la comunidad internacional han proclamado su adhesión más firme.-

 

PRESUPUESTOS

Se están presentado nuevos programas contra “las violencias”, por la gran presión que ejercen las ONGs. Pero sin presupuestos, con lo que significa que si bien su necesidad es reconocida al crearlo después es muy difícil ejecutar estos programas por falta de presupuestos.

La falta de asignación de presupuesto específico hace fracasar cualquier legislación y política pública, convirtiéndose en un insalvable cuello de botella par la resolución de los problemas de violencia.

 

INFORMACION Y ESTADISTICAS

A pesar de la inexistencia de datos estadísticos oficiales, diversas investigaciones avalan la gravedad del fenómeno de la violencia contra las mujeres en el país:

En Argentina existe una gran laguna estadística en relación con datos desagregados por sexo y específicamente en el área de la violencia, lo cual como se dijera dificulta el diagnóstico y la adopción de medidas adecuadas para el tratamiento del fenómeno, de conformidad con las obligaciones de derechos humanos asumidas En el caso de la construcción de mapas del delito o simplemente las estadísticas que se publican desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, no están desagregadas por sexo, lo que no permite la medición de las violencias hacia las mujeres, su evolución en el tiempo, y las formas que adopta. Las estadísticas además, no se sistematizan considerando el lugar en que ocurrió el delito y sus características físicas y sociales, ni las características socioeconómicas, de sexo y edad de la víctima ni del agresor, así como el tipo de vínculo que tienen, lo cual es necesario para poder pensar políticas de prevención.

Respecto de la violencia sexual, una de las violencias que componen la violencia urbana hacia las mujeres, el subregistro estadístico se agrava, ya que este tipo de delito, todavía es considerado de orden privado en gran medida, tanto por la sociedad y las instituciones, y por otra parte, responde a las dificultades para denunciar –sociales, familiares, institucionales-, que tienen las mujeres sobre estos hechos.

 

VIOLENCIA Y VIH/sida

Es imprescindible que los gobiernos incorporen en las respuestas nacionales al VIH/SIDA, la lucha contra la Violencia hacia la mujer. Sabemos que la violencia contra la mujer es causa y efecto del VIH/SIDA. Por eso en la prevención de la infección por VIH en las mujeres es imprescindible la eliminación de la violencia contra la mujer. También se deben mejorar o crear los registros sobre esta asociación, que hoy está invisibilizada por falta de datos. El protocolo de atención de las víctimas de violencia sexual para prevenir embarazos y la infección con el VIH, no existe a nivel nacional y solo en algunos hospitales se realiza.

 

DATOS ESTADISTICOS DE UNA PROBLEMÁTICA SUBVALUADA

En Argentina en 1 de cada 5 parejas hay violencia.

El 42% de los casos de mujeres asesinadas, el crimen lo ejecuta su pareja.

El 37% de las mujeres golpeadas por sus esposos lleva 20 años o más soportando abusos de este tipo

Según datos del Gobierno de la CABA el 54% de las mujeres golpeadas están casadas.

El 30% denuncia que el maltrato se prolongó por más de 11 años.

Según el BID se estima que el 25% de las mujeres es víctima de violencia y que el 50% pasará por alguna situación violenta en algún momento de su vida.

En la CABA se reciben 7000 llamadas anuales a las líneas de violencia

Según el C.E:C:Y M. ( Centro de Encuentros Cultura y Mujer ) en los últimos 30 años se registraron 6000 denuncias policiales por delitos sexuales (violaciones estupro) Dado que se reconoce internacionalmente que solo se denuncian el 10% de los casos, en Argentina habría 16 casos diarios, o sea 60.000 delitos sexuales al año. En el 2005 se reportaron 10.318 delitos contra la integridad sexual, 3154 fueron violaciones. Esto denota el alto subregistro.

Es necesario investigar sobre los factores de riesgo, impacto físico y psicológico de la violencia sobre las víctimas, costos económicos directos, sus efectos en la familia y la comunidad.

De enero a septiembre del 2006, 21066 mujeres llamaron a los Centros Integrales de la Mujer del Gobierno de la CABA.

De ellos el 31% pertenecen a mujeres entre 35 y 44 años de 25 a 34 años el porcentaje es similar y de 15 a 24 años casi no hay denuncias.

En relación al estado civil de las víctimas el 53,9% son casadas, 83,4% tienen hijos y 30,32% poseen estudios secundarios completos

 

OTRAS VIOLENCIAS

El Estado registra falta de atención suficiente y cumplimiento de obligaciones para con los pueblos originarios que habitan el territorio argentino, lo cual tiene un notable impacto de género debido a la doble y hasta triple estigmatización (de género, de etnia y frecuentemente de clase) que sufren las mujeres indígenas. El respeto de la diversidad cultural es un derecho de los pueblos originarios y sus integrantes, pero también un patrimonio para la ciudadanía en su conjunto. Sin embargo, son numerosos los motivos de preocupación en relación con la situación en la que se desarrolla la vida de las comunidades, pueblos y personas indígenas en nuestro país.

En términos generales siguen viviendo en situación de discriminación y sin ver garantizado por el Estado su derecho a la educación biligue y multicultural (apenas existen educadores/as bilingües), que permita transmitir su cultura y tradiciones a las futuras generaciones. También son numerosos los casos de falta de disfrute de tierras ancestrales, algunos de los cuales han llegado a instancias internacionales de protección de los derechos humanos, Un especial impacto de género en contra de las mujeres, se observa en el acceso a la justicia de las mujeres indígenas, las cuales a menudo son víctimas de un pretendido “relativismo cultural” cuando se trata de disculpar abusos sexuales1.

Por otro lado, se han registrado preocupantes casos de tratos indebidos por parte de las fuerzas de seguridad (Gendarmería) en relación con mujeres indígenas, particularmente en las comunidades collas y wichis.

 

ADULTAS MAYORES

Dentro de la estructura familiar, a las mujeres mayores no se les proporciona toda la seguridad e integración que ellas necesitan, excluyéndolas y condenándolas al desarraigo y la soledad, cuando no al papel de niñera sin sueldo.

El Estado es quien debe actuar como el gran reparador de desigualdades sociales. Es quien debe realizar un compromiso permanente de inclusión social para todos sus ciudadanos y ciudadanas, sin que la edad sea un rótulo negativo para las mujeres.

 

CONCLUSION

Con este breve informe, esperamos contribuir a las tareas de las expertas del MESEVI en relación con nuestro país, haciéndole llegar nuestras principales preocupaciones en relación la violencia contra las mujeres. Nuestro balance es que, si bien en democracia se han registrado importantes avances legales y sociales para la situación de las mujeres en el país y algunos datos son particularmente auspiciosos; persiste una situación de incumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas por Argentina al ratificar la Convención de Belém do Pará y otros instrumentos internacionales de derechos humanos en relación con las mujeres. Con frecuencia la causa de esos incumplimientos tiene su base en diferentes concepciones ideológicas, que repercute en toda la población, por ejemplo el aborto, pero también en el desconocimiento y la falta de capacitación y sensibilidad en materia de género y derechos humanos de las mujeres por parte de legisladores y  funcionarios/as de los tres poderes.

El documento señala sobre todo nuestros motivos de preocupación, pero también hay algunos datos positivos que querríamos señalar. Así, destaca la aprobación por el Congreso Nacional del Protocolo a la CEDAW y el depósito del instrumento de ratificación por el Ejecutivo Nacional en marzo de 2007. Otro signo positivo es la posibilidad que la Cancillería Argentina ha dado a la sociedad civil de participar en la vida de la institución a través del Consejo Consultivo, que está integrado por numerosas organizaciones y personas provenientes del sector no gubernamental y académico, y por distintas comisiones, una de las cuales es la de Equidad de Género de la que forman parte las entidades que auspician esta presentación. Apostamos porque este ámbito se sostenga a lo largo del tiempo y consolide una verdadera integración de las preocupaciones de la sociedad civil en las relaciones exteriores del Estado.

 

 Un caso1 particularmente grave tuvo lugar en Salta, al dictarse una sentencia disculpatoria de una violación por motivos pretendidamente “culturales”. VID: http://eltribunosalta.com.ar/edicion-salta/salta/20070716_195646.php